Someter a consulta la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) da la impresión que es entrar a un terreno altamente minado. Hay que dar por sentado que se tienen implicaciones técnicas en el tema de la aeronáutica que no pueden eludirse para evitar cualquier riesgo: pero el planteamiento de que la población opine en un asunto donde ya hay una carga política, hace que las cejas se levanten, se alcen voces críticas y se pavimenta el camino para una amplia controversia.

Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo planteó de la siguiente manera: en octubre próximo se llevará a cabo una consulta nacional que permita al nuevo gobierno asumir una responsabilidad de qué hacer con la construcción.

“Nosotros tendremos un mes para estas discusiones de carácter técnico, después habrá un mes, quiere decir a finales de agosto; después habría un par de meses y en octubre ya tener toda la información para comunicar a la ciudadanía y hacer una consulta”, precisó.

A manera de matiz, Jiménez Espriú aclaró que “no estamos hablando de una consulta conciliatoria, si no de ver qué opina la ciudadanía”; luego insistió en que la dependencia que encabezará a partir del 1 de diciembre se reinventaría y habrá en cada subsecretaría ingenieros certificados.

Es ahí cuando se advierten los primeros puntos de discusión. Arturo Sánchez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), y decano de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, señaló que de acuerdo con la ley no se podría realizar una consulta pública sobre el tema.

Con base en la Ley Federal de Consulta Popular explicó que este tipo de ejercicios se debe realizar el mismo día de una elección federal para que el resultado de esta sea representativa; esto sería hasta el 2021.

Otras voces, como la del diputado federal por el PRD, Rafael Hernández Soriano, advierte que llevar a cabo una consulta a la población tiene el riesgo de que la decisión no se tome “sobre una base técnica, ni con la información necesaria para ponderar los pros y contras del proyecto”. Dijo que una decisión de este tipo tendría que tomarse sobre la base de la información generada por los expertos, la valoración del impacto económico y de desarrollo, y no la opinión de la gente.

Recordemos que en diciembre de 2002, López Obrador sometió a través de plebiscito telefónico su permanencia como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal: en 48 horas recibió 658 mil 995 llamadas de apoyo y solo 32 mil 624 en contra, lo que significaba el 10 por ciento del padrón electoral en ese momento de 6.5 millones de electores. Dos años después  556 mil 727 personas participaron en la consulta pública sobre la revocación de su mandato, de las cuales 531 mil 771 (95 por ciento) votaron en favor de que permaneciera en el cargo.

Es a todas luces, un asunto de comunicación del nuevo gobierno y cómo cubrir las expectativas de que se tomó la mejor decisión técnica, para la economía del país y para el Estado como tal; a su vez, que la población haya sido tomada en cuenta y asuma las ventajas y los riesgos de un proyecto de esa envergadura. Es muy probablemente una decisión que no dejará a gusto a algunos.

 

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