Si el máximo tribunal resuelve que son contrarias a la Carta Magna, serán declarados inválidos.
Las reformas y leyes anticorrupción de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, impugnadas por la Procuraduría General de la República (PGR) –por instrucción presidencial–, seguirán vigentes hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si son constitucionales.
Sin embargo, si el máximo tribunal resuelve que son contrarias a la Carta Magna, los eventuales nombramientos de funcionarios y resoluciones producto de dichas leyes –señaladas por la oposición y diversos sectores de la sociedad como un instrumento para blindar a los gobernadores de esas entidades ante eventuales demandas por corrupción al terminar sus respectivos mandatos– serían declarados inválidos.
Fuente: jornada.unam.mx
