La defensa del diputado de Guerrero, Saúl Beltrán Orozco, recurrirá ante la justicia federal por las graves violaciones al debido proceso en el caso del desafuero que se le instauró en el Congreso de Guerrero, anunció su defensa.

Los argumentos que se interpondrán por la vía del amparo serán para exponer las violaciones a la Constitución del estado y al debido proceso al no ser respetado su derecho de audiencia por parte del Ministerio Público (MP) en la investigación del homicidio en el que se le pretende vincular y del cual se ha declarado inocente en todo momento.

El defensa del legislador por el PRI, Gonzalo Nava Trujillo, aclaró que se demostrará ante el juez federal y de ser necesario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la acusación de la Fiscalía es ilegal, además de que está plagada de inconsistencias y contradicciones entre los testigos de cargo aportados por el agente del Ministerio Público.

También destacó que la orden de aprehensión obsequiada en su contra por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc por el delito de homicidio cometido en agravio de José Antonio Zeferino Gil, está viciada de origen, viola sus derechos humanos, entre ellos su derecho a un debido proceso y de audiencia.

Además de que viola el principio de estricta aplicación de la ley penal por haberse otorgado sin cumplir los requisitos de procedibilidad que ordena la Constitución de Guerrero y la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de esa entidad federativa.

La defensa dijo que la solicitud de desafuero no procede porque el artículo 31 de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, pues la norma enfáticamente establece: “Para ejercitar la Responsabilidad Penal de los servidores públicos con Inmunidad Constitucional se requerirá́ agotar previamente la Declaración de Procedencia ante el Congreso del Estado”, lo que penalmente constituye un delito.

No sólo se ejercitó la acción penal en contra del legislador sin la suspensión de la inmunidad de la que gozo, sino además se libró la orden de aprehensión por parte de la autoridad judicial, lo que constituye de entrada una doble violación a la ley.

Adicionalmente, el Ministerio Público estaba obligado a respetar el derecho de audiencia del diputado Beltrán Orozco antes de que ejercitara la acción penal, lo que no hizo.

El cúmulo de omisiones y violaciones al procedimiento deberán ser revisadas en el amparo que interpondremos próximamente, ya que de haberse cumplido con la ley se habrían dado el espacio y las circunstancias para que el legislador local de Guerrero cumpliera con lo que marca la ley durante la investigación que realizó el MP sobre la desaparición y crimen de José Antonio Ceferino Gil, ocurrido en el municipio de San Miguel Teloloapan, y coadyuvado con la representación social en todo lo necesario.

Al respecto, comentó que el pasado 8 de febrero se enteró que se le dio a conocer al diputado Beltrán Orozco la averiguación previa en su contra, y lo más sorpresivo era que ésta ya se había consignado y un juez había librado la orden de aprehensión en su contra, violando flagrantemente el derecho de audiencia y debido proceso, con lo cual se le negó el derecho a la defensa para aportar pruebas que permitieran demostrar que no participó ni mucho menos fue el autor directo o indirecto del delito que se le imputa, destacó el defensor.

Y añadió que las declaraciones de los testigos y familiares de la víctima, tienen incongruencias, además no tienen fundamento más que en dichos, sin aportar un sólo elemento más de prueba, puntualizó.

 

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