Por: Gustavo de Hoyos Walther | Presidente COPARMEX Nacional.

En un país con profundas desigualdades, la educación es uno de los instrumentos más eficaces para detonar las oportunidades de desarrollo colectivo y de las personas en lo individual. Representa también la herramienta más eficaz para una evolución de los patrones productivos de un país, hacia actividades de mayor especialización y rentabilidad.

El entorno internacional, exige una modernización constante de los mecanismos de formación del conocimiento y el aprovechamiento de las tecnologías. Las instituciones de educación superior juegan un papel principal en este proceso.
En ese contexto, México requiere evolucionar hacia un sistema de educación superior con elevados estándares de calidad, que a nivel macroeconómico garantice la productividad de la fuerza laboral, al tiempo que ofrezca a los jóvenes la posibilidad de alcanzar sus objetivos personales de bienestar.

El sistema de educación superior en México ha tenido un crecimiento significativo en términos de cobertura y capacidades físicas instaladas, no cabe duda de ello. Sin embargo, las deficiencias sistémicas en el proceso educativo y la frecuente falta de pertinencia de los conocimientos transferidos y las competencias enseñadas, han deteriorado su capacidad para detonar un incremento sensible en la productividad sistémica y debilitado su rol protagónico en la capilaridad social.

Es importante atajar los retos que enfrenta el sistema desde la comprensión de las complejidades que entraña. En primera instancia, debe comprenderse su enorme diversidad y heterogeneidad, además de las diferentes aristas que deben analizarse para mejorar su desempeño.
En Coparmex coincidimos con el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, en la necesidad de reformar el sistema de educación superior en México. Según mediciones internacionales, el sistema de educación superior de México, ha quedado rezagado respecto a otros países con niveles similares de desarrollo, tanto en términos de cobertura, como de calidad.Por ejemplo, en la categoría de “educación superior y capacitación” del Índice de Competitividad Global desarrollado por el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 80, muy por debajo de otros países latinoamericanos como Argentina, Chile y Costa Rica.

En algunos subíndices las posiciones son aún más bajas: 81 en la tasa de cobertura de educación superior, 108 en calidad del sistema educativo y 117 en calidad de educación en matemáticas y ciencias. Por otro lado, México ocupa el último lugar de la OCDE en cuanto a la población adulta con educación superior: sólo el 16% de los mexicanos de entre 25 y 64 años cuenta con estudios superiores, frente al promedio de 36%, y sólo el 1% tiene estudios de maestría.
Estas cifras revelan diversas dimensiones de la problemática educativa: por un lado, de estructura del sistema de educación superior y, por el otro, de pertinencia de su oferta para el mundo laboral y productivo. Si queremos una educación superior que esté a la altura de la competencia internacional, es indispensable pensar en una renovación estructural del sistema de educación superior y mejorar la calidad de las instituciones existentes.

En el sistema público de educación superior de México, existen retos de sustentabilidad financiera que deben resolverse prioritariamente, como la jubilación del profesorado, la renovación de la planta educativa y el mejoramiento de las instalaciones universitarias existentes. Todas estas medidas requerirán de un esquema financiamiento distinto para hacerles frente.

Por ello, resulta impostergable fortalecer el financiamiento de las instituciones de educación superior. Al menos diez universidades públicas estatales se encuentran en estado de insolvencia y otras muestran signos graves de falta de liquidez. En muchas universidades públicas hay capacidad física instalada que podría permitir a decenas de miles de jóvenes. Sin embargo, estos espacios, no han podido ser aprovechados por la falta de recursos públicos suficientes.
Los espacios que se abren, requieren en paralelo de la contratación de académicos, de trabajadores administrativos y de una amplia gama de gastos ineludibles para prestar el servicio educativo. Por ello, proponemos que antes de iniciar un programa para la apertura de 100 nuevas universidades, se aproveche a plenitud la capacidad física y operativa instalada en las universidades autónomas estatales, universidades politécnicas y en las distintas modalidades de instituciones públicas de educación superior. Los resultados puedan darse en un cortísimo plazo, con mayor eficiencia que la creación de nuevas entidades.

El reto de la cobertura con calidad implica un cambio de paradigmas, tanto en la educación superior pública como en la privada, reconociendo su papel complementario y no excluyente, que reconozca los diversos perfiles económicos de los jóvenes que acceden a la educación superior en sus diversas modalidades.
Un dato relevante a tomar en cuenta, es que hoy en día, una parte significativa de la matrícula de las universidades públicas, está conformada por estudiantes provenientes de las familias de los deciles de ingresos más elevados.
Por ello, un sistema de gratuidad ciego y a ultranza, puede afectar sobre todo a las universidades públicas que hoy operan con salud financiera, y al mismo tiempo, ser regresivo para impulsar mayores oportunidades y la capilaridad social.

Para garantizar la viabilidad económica de las universidades públicas, es necesario analizar con seriedad y sin tabúes, la posibilidad de establecer cuotas parciales de recuperación en las universidades públicas, aplicables a las personas que si pueden contribuir a solventar los costos servicio educativo.
Este modelo debería estar ligado a un sistema eficaz, ágil y transparente de becas, que garantice que no se afectará en forma alguna a los estudiantes de bajos recursos. Ya hay varios casos claramente exitosos de estas prácticas en unas cuantas universidades públicas estatales. En Coparmex consideramos que la diversidad de opciones educativas debe estar al alcance de todos, independientemente del ingreso familiar o nivel socioeconómico de los aspirantes.

En esa visión de complementariedad y para que se amplíen las oportunidades de acceso a la educación, proponemos impulsar desde el Gobierno Federal, un programa de ambiciosos convenios con universidades privadas de calidad reconocida, para que aquellos aspirantes que cumplan con los perfiles académicos de ingreso, puedan obtener de forma transparente, becas parciales o totales de los gobiernos federal y estatales, y con ello ofrezcan más y diversas oportunidades a los jóvenes, particularmente a los estudiantes de niveles socioeconómicos de bajo ingreso.
Hay capacidades no utilizadas en las Universidades privadas, que con apoyo gubernamental, pueden generar de forma inmediata, opciones para muchos jóvenes que hoy no las tienen. En Coparmex creemos, de hecho, que el primer paso es aprovechar la infraestructura educativa existente, lo cual también incluye analizar la pertinencia de modelos flexibles que permitan el acceso a la educación a través de modalidades mixtas o virtuales. Por otro lado, existen medidas normativas que deben someterse a consideración. Por ejemplo, la creación de un Sistema Nacional de Educación Superior y la promulgación de una nueva Ley General de Educación Superior que lo regule.

Los objetivos deben ser mejorar la articulación de las instituciones educativas y el poder público, establecer atribuciones claras para cada uno de los tres niveles de gobierno en la materia y generar una coordinación provechosa entre todas las instancias. Finalmente, en el camino al mejoramiento de la calidad de la educación, los cambios deben de privilegiar el desarrollo de competencias y habilidades útiles para el ámbito laboral.

Existen cifras que revelan el desfase entre el sector educativo y el mundo productivo. El porcentaje de personas con estudios superiores y medio superiores que compone a la población económicamente activa desocupada se ha incrementado constantemente en los últimos doce años: del 31% en 2005 pasó a representar el 47% en 2017.
También existe una ineficiencia en el uso de habilidades en el mercado laboral mexicano: 26% de los trabajadores están sobre educados y 31% no cuentan con las habilidades necesarias para desempeñar las funciones de su puesto.
Las universidades deben buscar que su perfil de egreso sea de una persona competitiva para el mercado laboral. Es importante que las universidades privadas con calidad reconocida, cuenten con un esquema mucho más flexible en el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe), que les permita adecuar en forma ágil crear nuevos programas educativos y adecuar los existentes.

Debe buscarse un involucramiento activo del sector empresarial en la formación, pero también se deben rediseñar los programas, los contenidos de los planes de estudio y los modelos de enseñanza. En especial se debe poner énfasis en educar estudiantes que desarrollen la capacidad de innovar en sus respectivas áreas.
El contexto internacional exige profesionistas preparados para ser competitivos en el contexto internacional. Desde Coparmex hacemos un llamado para que con participación de expertos y los actores sociales, se construyan sin demora las reformas y programas que permitan una evolución disruptiva del Sistema de Educación Superior de México.

Desde la educación, con calidad y pertinencia, nuestro País puede generar crecientes niveles de bienestar, impulsar su desarrollo económico y de cara al futuro, construir un liderazgo global.

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