El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que en cuanto empiece su gobierno desaparecerán los actuales intermediarios que entregan recursos de programas sociales, para evitar el clientelismo.

Sin embargo, expertos en desarrollo social coincidieron en que siempre existirá el riesgo de que haya personas que se adapten a las nuevas condiciones o se corrompan, y que vuelva el uso político de los programas.

Gonzalo Hernández Licona, titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aplaudió esta intención de “limpiar la casa” y acabar con los llamados “coyotes”, que prácticamente viven de gestionar recursos sociales, pero advirtió en entrevista que entonces hace falta un esquema muy claro para sustituirlo.

“Hay una enorme desconfianza por los intermediarios, en parte con razón, porque muchos lo que han hecho es que se han cobrado sus chambas. Pero me parece que hay que tener un sustituto eficiente y eficaz, porque entregar las cosas por uno mismo como gobierno va a requerir muchísima gente para hacerlo, y gente toda que sea completamente honrada y que sea profesional”, señaló.

La propuesta inicial de López Obrador es centralizar el manejo de las políticas sociales, quitando a las decenas de delegados que hay actualmente en cada estado por cada dependencia y cada programa.

Es decir, hoy una entidad tiene un delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), otro de Prospera, otro de Liconsa, etcétera. En lugar de eso, el próximo presidente ha nombrado a 32 delegados estatales de Programas Integrales de Desarrollo y 164 regionales.

No ha dado detalles de cómo se organizará la nueva estructura para entregar los recursos de programas, aunque reconoció que no podría ser por transferencias bancarias, ya que sólo en 65% de cabeceras municipales hay banco.

FUENTE: ANIMALPOLÍTICO.COM

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