Karime Macías, esposa de Javier Duarte, es actualmente una de las pocas personas cercanas al exgobernador que no es investigada por la PGR, sin embargo, durante su periodo al frente del DIF, habría sido la responsable de desviar 41 millones de pesos del erario a través de la contratación de empresas fantasmas.

De acuerdo con una denuncia presentada en febrero por la propia institución ante la Fiscalía del estado, el desfalco se habría realizado a través de las empresas Grupo Balcano, Pefraco, Ravsan Servicios Múltiples, Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios Cerene y Anzara, existente solo en el papel.

Karime Macías. Foto de Internet

Dichos recursos habrían sido ocupados para la compra de sistemas de purificación de agua, estufones, tanques de gas, mochilas escolares, material deportivo, granjas ecológicas; sin embargo, no existe evidencia de que dichos objetos hayan sido adquiridos en realidad.

El DIF solicitó en su denuncia se investigue a a Juan Antonio Nemi Dib, exdirector general del DIF; Tarek Abdalá Saad, tesorero del DIF; Astrid Elias Mansur, directora de grupos vulnerables, además de otros seis exfuncionarios.

Abdalá Saad, actualmente diputado federal en proceso de desafuero, sería el responsable de realizar las licitaciones para dichos productos. Actualmente está acusado del desvío de más de 23 mil millones de pesos.

Al respecto, Nemi Dib afirmó que Abdalá Saad y la propia Karime Macías llevaban entre ellos la contratación de las distintas empresas, dejándolo fuera del proceso a pesar de su puesto oficial.

“Nunca participé en nada patrimonial, no hay ningún documento firmado por mí, no asistí a una reunión, jamás tuve trato con proveedores, nada. De suerte que todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos del DIF no tuve ninguna participación, de ningún tipo”, relató.

Añadió que al inicio de la administración de Duarte se le retiraron todas las funciones y atribuciones al director del DIF, por lo que no firmó un solo contrato de administración.

Las seis empresas contratadas, que recibieron contratos también de otras dependencias estatales, fueron boletinadas el 7 de noviembre de 2016 por la Secretaría de Hacienda debido a que presentaron comprobantes fiscales sin tener sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o entregar los bienes que amparan las facturas emitidas.

Con información de Noticieros Televisa

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