José Manuel Urreta Ortega| @ManuelUrreta | Presidente de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales

Con el argumento de garantizar la soberanía energética del país y fortalecer a la CFE, el gobierno de México ha emprendido una serie de ajustes legales, el último de ellos a la Ley de la Industria Eléctrica, opuestos a las reformas establecidas durante la pasada administración. El Legislativo aprobó, sin modificar una coma, la iniciativa preferente enviada por la Presidencia, aunque se prevén recursos de inconstitucional por parte del bloque opositor ante la SCJN.

Al interior de la iniciativa privada, cuyo consumo de electricidad representa 75% del total frente a un 25% doméstico, hay un consenso casi unánime que estos ajustes representan una regresión en el desarrollo del sector, que elimina la libre competencia al limitar la participación de privados y derivará en mayores costos para los mexicanos.

Cierto que el sistema eléctrico nacional arrastra deficiencias graves, rezagos heredados para los cuales hoy corresponde a todos los mexicanos acordar y establecer soluciones para un futuro con mayor certidumbre.

Para un creciente número de voces estas decisiones gubernamentales nos alejan de una solución de fondo y por el contrario acentuarán aún más los rezagos del sector, prevén un incremento en los costos de producción eléctrica que van a provocar mayores subsidios gubernamentales y además se acentuará nuestro rezago en la generación de energías sustentables, justo cuando la política actual de Estados Unidos ha sido renovar sus compromisos ambientales establecidos en el Acuerdo de París y se espera que el tema sea parte prioritaria de su agenda de política exterior.

Sin lugar a dudas, las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos durante todo el gobierno de Biden y lo que resta de la administración de López Obrador estarán muy determinadas por el tema energético y ambiental.

Por lo pronto, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en México, a pesar de establecer que la energía producida por hidroeléctricas tenga prioridad, a muchos parece un claro desincentivo para el desarrollo de energías limpias que, aunque poco habían avanzado durante los últimos años hoy cuentan con muchos menores estímulos y condiciones para su desarrollo en territorio mexicano.

En el marco del acuerdo comercial los gobiernos de Estados Unidos y Canadá podrán unir esfuerzos para exigir a México mayores compromisos con el desarrollo de energías limpias; al interior, el gobierno enfrentará una andanada de amparos por parte de las empresas que consideran afectadas sus inversiones, sumado al recurso de inconstitucionalidad que interpondrá la oposición legislativa ante la SCJN, y una buena parte de los sectores de la sociedad perciben señales contrarias a los propósitos gubernamentales, a sus procedimientos, a las metas planteadas y los posibles efectos derivados de estos ajustes, donde el cúmulo controversias sin duda enrarecerán aún más el ambiente.

Para los empresarios regionales del país, y en coincidencia con otros organismos de la iniciativa privada, deben establecerse condiciones legales firmes para modernizar a la industria eléctrica mexicana y garantizar una participación privada equitativa, que los subsidios hoy otorgados sean redirigidos a inversiones para contar con mejor infraestructura y redes de transmisión eficientes.

También es necesario un esquema claro, con metas y expectativas transparentes, para que México transite a la producción y consumo de más energías limpias, tanto públicas como privadas, pues si bien es cierto que nuestro país no se encuentra muy alejado de los avances reportados por otras naciones del orbe en esta materia, sí requerimos impulsar de manera más decidida la producción sustentable de energía a nivel global, atraer inversiones nacionales y extranjeras con certidumbre jurídica, y reducir sustancialmente los altos niveles de contaminación.     

Veremos si esta reforma fortalece nuestra economía y seguridad energética, como han ofrecido las autoridades, o detiene el desarrollo del país, como alertan otros tantos sectores. Lo cierto es que este tema, como otros de la agenda económica, política y social mexicana exige a todos los sectores de la nación un diálogo permanente, apertura por parte del gobierno y un mayor interés y participación a cargo de todos los sectores de la sociedad, para garantizarla.   

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