Cozumel está por cumplir un año sin recibir un solo crucero, industria sobre la que se fundamenta la mayor parte de la economía de esta isla. La población sufre por falta de ingresos, como consecuencia de la parálisis económica casi total que se registra.

De manera extensiva, el gobierno municipal también pasa las de Caín para cumplir con sus compromisos, pues la parálisis económica impide que recaude los impuestos que requiere para su operación.

El presidente municipal Pedro Joaquín Delbouis se ha tenido que rascar con sus propias uñas, como la mayoría de los alcaldes quintanarroenses, porque no ha habido apoyos de ninguna índole por parte del gobierno federal.

Y adicionalmente, la población tiene que padecer los abusos de las navieras que ofrecen el servicio de cruce entre la isla y el continente, que incrementan constantemente sus tarifas y aplican prácticas monopólicas.

En noviembre de 2019, cuando apenas surgía la pandemia en China y a cuatro meses de que llegara a Quintana Roo, Pedro Joaquín emprendió una cruzada ante diversas instancias de la federación para obligar a las navieras Ultramar y Winjet a que reduzcan sus tarifas para los cozumeleños.

Trescientos pesos por adulto en viaje redondo es un exceso para quien tiene que cruzar tres o cuatro veces a la semana. Aunque son empresas con dueños diferentes, ambas aplican la misma tarifa y allí es donde los especialistas consideran que incurren en prácticas monopólicas. Más de 15 meses le dedicó Pedro Joaquín a la gestión.

La diputada federal Adriana Teissier y los senadores Marybel Villegas y José Luis Pech, los tres de Morena, pusieron manos a la obra para gestionar lo mismo. Nada más que, como siempre pasa, por obvias razones políticas no se sumaron a apoyar al presidente municipal.

Es más, ni siquiera entre ellos siendo en teoría del mismo partido, hubo unidad para fortalecer una gestión. Eso sí, hubo muchas fotos en las que se mostraron con funcionarios federales, supuestamente haciendo la gestión.

Sin poder sensibilizar a diversas instancias de la Federación, como la Dirección General de Marina Mercante, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Competencia Económica, Pedro Joaquín decidió matar su pavo.

Y puso manos a la obra: decidió que con recursos municipales se aplique un subsidio a las tarifas, para que los cozumeleños paguen una tarifa de ochenta pesos por viaje redondo.

El acuerdo estará vigente en principio hasta el 30 de septiembre, cuando concluye la actual administración y será la próxima la que decida si amplía o no el subsidio.
Sin duda es una bocanada de aire fresco para los bolsillos de los cozumeleños.
Sin embargo, no falta quien diga que se trata de una medida electorera y si así fuera, ¿qué?

Ellos también pudieron encontrar una salida, pero no lo hicieron, se desinteresaron, pecaron de omisión, se olvidaron de los cozumeleños.

¿Con qué calidad moral critican a quien sí dio una solución?

Los cozumeleños, incluyendo aquellos que critican la medida, tendrán un beneficio pagando el 25% de la tarifa real, generarán un ahorro que podrán usar en otra cosa.

No les interesa si se da en tiempos electorales o no.

Eso es politiquería que debe acabarse.

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