En COPARMEX estamos atentos a los términos del acuerdo por el que los reguladores revisarán la normativa de sus  ámbitos, para empezar a reducir los cerca de 1,300 trámites que tienen identificados actualmente la Secretaría de Economía.

En días pasados se cumplió el plazo de 30 días ofrecido por el gobierno federal al sector empresarial sobre la emisión del acuerdo de desregulación 2X1, de manera que cada nueva regulación que se imponga a las empresas, serán eliminadas dos regulaciones anteriores.

En COPARMEX estamos atentos a los términos del acuerdo por el que los reguladores revisarán la normativa de sus  ámbitos, para empezar a reducir los cerca de 1,300 trámites que tienen identificados actualmente la Secretaría de Economía.

Estamos convencidos de que ese acuerdo pondrá a México en la dirección adecuada, siguiendo las tendencias observadas en otros países. Como lo hace ya el Reino Unido desde hace aproximadamente diez años. En los Estados Unidos, ya se inició también el proceso de desregulación a lo que México debe responder rápidamente y trabajar en avances en dicha materia.

En la más reciente evaluación del Doing Business del Banco Mundial, México descendió dos lugares para situarse en el sitio 47 de entre 190 economías evaluadas. De acuerdo con ese estudio, en México se requieren en promedio 7.8 trámites y se necesitan alrededor de 8.4 días y cuesta casi el 18% del ingreso per cápita para abrir un negocio.

En contraste, en Nueva Zelanda, el país mejor calificado, se requiere un día, un solo trámite y el costo de abrir un negocio es de cerca del 0.3% del ingreso per cápita.

Además de esa dificultad para abrir nuevos negocios, la carga regulatoria es un factor que tiene un gran peso específico en el cierre de las empresas en nuestro país.

De acuerdo con el Análisis de la Demografía de los Establecimientos que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, entre 2009 y 2012 dejó de operar en el país el 22% de los establecimientos micro, pequeños y medianos.

En ese periodo fueron creadas un millón 835 mil empresas y dejaron de operar 884 mil 240, lo que significa que el crecimiento anual de los establecimientos fue de apenas 1.7%, muy por debajo del crecimiento de la economía.

Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta de Productividad y Competitividad aplicada por el INEGI, una cuarta parte de las micro, pequeñas y medianas empresas del país considera que las complicaciones administrativas y los trámites más costosos son el principal obstáculo para que puedan crecer.

Ello nos revela la urgencia de generar política pública que permitan asegurar las condiciones para que se creen nuevos negocios y para que más empresas puedan permanecer en el tiempo.

Por ello, urgimos a que se emita el acuerdo de desregulación 2×1 y por su parte urgimos también al Congreso de la Unión que tiene la obligación ya de emitir la Ley General de Mejora Regulatoria, que deriva de la Reforma Constitucional en esta materia de justicia cotidiana que se publicó y promulgó el  pasado 5 de febrero.

No hay tiempo que perder, están corriendo los 180 días para la publicación de esa Ley General. En estos momentos en que necesitamos fortalecer a las empresas y a la economía no podemos dejar que la Ley General de Mejora Regulatoria corra el riesgo de ser politizada o contaminada por la agenda de los partidos hacia las elecciones presidenciales de 2018.

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