No se construye democracia sin libertad, y necesariamente la libertad muere cuando mueren sus voceros.

Si bien los disparos que han segado la vida de decenas de miembros de la prensa provienen hoy día en su mayoría de los delincuentes, la responsabilidad de que eso ocurra es del gobierno, quien debe ejercer todo el poder de que está investido para salvaguardar el bien máximo de nuestra república que es la verdad, y que hoy está bajo fuego inmisericorde por la falta de compromiso de los gobernantes.

En un hecho inédito, o por lo menos pocas veces visto en nuestro país, la prensa mexicana publicó un desplegado en el que demandó enérgicamente poner un alto a la violencia en contra de los periodistas.

Unos días después la prensa regional de todo el país hizo lo propio en otra publicación quizás aún más severa en la exigencia al gobierno de que tome las medidas mínimas indispensables para el ejercicio de la labor de los comunicadores.

Detrás de estas dos poderosas publicaciones está la tragedia que hoy día enluta a decenas de hogares de periodistas asesinados por hacer su trabajo, y los cientos o miles de comunicadores que viven en la zozobra por amenazas en su contra derivadas de su quehacer informativo.

La violencia sin precedente de que son víctimas muchos periodistas no sólo es el resultado del empoderamiento de los criminales organizados, sobre todo de la indolencia del gobierno, en todos sus órdenes y niveles.

Ciertamente hoy en día existen mecanismos para la protección a periodistas, pero distan mucho de ser enteramente efectivos ante la magnitud del problema que se enfrenta.

A los integrantes del crimen organizado la prensa que de manera libre informa sobre sus ilícitos les representa un obstáculo enorme para lograr uno de sus cometidos más ambicionados, que es el tener una base social que les “proteja” de las acciones persecutorias del Estado.

No es casualidad que sea en las entidades federativas en las que el crimen organizado tiene sentados sus reales, y en las que campea la violencia y la impunidad, en las que los periodistas son más ferozmente perseguidos y en donde están literalmente siendo exterminados.

Ejercer el periodismo en México es una profesión de muy alto riesgo, y más cuando los informadores se enfrentan a los criminales tolerados por el Estado, o peor aún, cuando el Estado ha sido posiblemente infiltrado por los dichos delincuentes y hacen una explosiva y mortífera mezcla entre políticos y criminales.

Durante los últimos años la guerra contra el crimen organizado ha tenido, como sucede siempre en todas las guerras, más víctimas entre las personas inocentes que entre los bandos que la libran, pero una de las víctimas más inmediatas es la verdad, y los investigadores y difusores de la verdad son el sector más vulnerable en medio de esa imparable violencia.

El Estado debe garantizar la seguridad de los periodistas no como una graciosa concesión a un gremio, sino como un mecanismo insustituible para combatir los propios ilícitos.

La democracia como sistema político, social y de gobierno es incapaz de florecer en el medio de la violencia, eso es bien sabido, pero tampoco es posible que siquiera funcione medianamente cuando la verdad está bajo fuego.

La ley se convierte en un espectro, plantea un ideal prácticamente inalcanzable, cuando no se ve alimentada por un periodismo real, actuante, genuino y valiente.

El periodismo no sólo sirve de escudo a los pueblos libres de la tierra frente a las tiranías políticas, ante todo sirve de trinchera para que los oficiales de la ley, los gobernantes mismos, tengan elementos para confrontar a los agentes destructivos que, hay que decirlo, en nuestro país están representados por los criminales.

Son los delincuentes el principal enemigo de la democracia mexicana, y el punto de quiebra para que existan gobiernos serios, responsables, patriotas y comprometidos con el bienestar de la gente, sobre todo de los que menos tienen.

El gobierno mexicano está cada vez más atado de manos frente a los malos, y lo está porque ha permitido que sus más formidables columnas de guerreros frente a ellos se vean mermadas, primero por amenazas y después por la muerte misma, esos guerreros no estatales sino sociales, son los periodistas y en general todos los informadores, opinadores y visores del cotidiano.

No se construye democracia sin libertad, y necesariamente la libertad muere cuando mueren sus voceros.

Si bien los disparos que han segado la vida de decenas de miembros de la prensa provienen hoy día en su mayoría de los delincuentes, la responsabilidad de que eso ocurra es del gobierno, quien debe ejercer todo el poder de que está investido para salvaguardar el bien máximo de nuestra república que es la verdad, y que hoy está bajo fuego inmisericorde por la falta de compromiso de los gobernantes.

Está visto que no importa el color del partido que gobierne, por igual son responsables también los de cada nivel, y los de cada espacio territorial, refleja a un Estado ya rebasado por el flagelo, e incapaz de remontar.

Los desplegados de los periodistas nacionales y regionales que se publicaron en prácticamente todos los medios de comunicación son un poderoso llamado de atención a todos los políticos y a todos cuantos ejercen una porción del poder público; el “BASTA YA” de que la manifestación de las ideas sea objeto inquisición es un reclamo a combatir la impunidad y la corrupción, porque son estás las que alimentan a la narco delincuencia.

La máxima que cierra el desplegado de los medios regionales de comunicación es una demoledora manera de reclamar a los políticos que hagan su trabajo y que respeten uno de los derechos más sagrados del ser humano, la libertad de expresión.

Dijeron los medios, los periodistas, los informadores, los comunicadores, los opinadores y los empresarios del ramo: “Sin libertad de expresión, la participación ciudadana está condenada”, y yo lo suscribo enteramente; ¡ni un periodista más!

 

Artículos Relacionados

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.