Por: Leonel Serrato Sánchez

Analista Político

El 19 de junio pasado un desafortunado operativo de la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca, concluyó en un baño de sangre en el que resultaron asesinados, según de quien sea la versión, hasta 10 personas y heridas más de un centenar.

Los uniformados que dirige mi paisano Enrique Galindo Ceballos pretendían romper con un bloqueo carretero interpuesto por la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) como medida de protesta en contra de la aplicación de la mal llamada Reforma Educativa.

Los integrantes de la CNTE estaban siendo apoyados por padres de familia y estudiantes, y lo que parecía un operativo de rutina terminó muy mal, porque la policía disparó sus armas de fuego automáticas y de grueso calibre en contra de los manifestantes.

Se trata de una cadena terriblemente desafortunada de sucesos lamentables e inopinadamente erróneos.

Primeramente una serie de normativas legales expedidas para modificar las condiciones laborales del magisterio, que durante décadas fue aliado fiel y útil para el régimen priista, y que por esa condición de cómplice político y electoral fue obteniendo prestaciones que exceden con mucho las de cualquier trabajador en México, amén de las dádivas y privilegios que a ciertas personas dentro de ese gremio le fueron otorgadas; un magisterio corrompido por el entreguismo de sus líderes, y su proclividad gustosa a servir de comparsa en todos los atracos que los políticos hicieron con el sistema educativo.

Cuando la podredumbre de los líderes charros hizo despertar a algunos agremiados, y más tarde en su conjunto se marcharon los maestros del PRI hacia su propia franquicia, entonces decidió el sistema político mexicano no consentirlos más, y colocarles en una condición tal de que se vieran obligados a rogar acceso a la ubre, ello mediante el endurecimiento de sus regulaciones internas.

A esas nuevas reglas le llamaron pomposamente “Reforma Educativa” cuando en realidad no modifican un ápice el proyecto o el sistema educativo mexicano, sino que por el contrario, le arruinan aún más, todo ello en detrimento de la niñez y la juventud, que recibe una pobre herramienta para su desarrollo.

El Estado no tiene para pagar el derroche disfrazado de prestaciones labores para los maestros, y menos si ya no son dóciles edecanes del poder central; crearon un monstruo y hoy en día, como ya no es de ellos, quieren destruirlo.

Algunos pocos profesores han luchado toda su vida por la educación, han dado hasta su último aliento por el futuro de México, pero por cierto que ellos no se agremian con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ni con su disidencia, la coordinadora; esos maestros limpios y genuinos sufre silenciosamente al charrismo sindical y a la violencia de quienes dicen querer liberarlos.

La organización magisterial disidente del sindicalismo charro ha salido a las calles (abandonando sus escuelas y a su alumnado), para exigir que se deroguen las leyes que conforman la reforma; pero no defienden algo moralmente válido en la óptica de la mayoría del Pueblo de México, muchos tenemos la percepción de que desean no perder los privilegios laborales indebidos, gastándose en tales el dinero que debía de beneficiar a las niñas y niños del país.

La lucha de la CNTE no protege a los educandos, ni siquiera le importan, aunque esos niños afectados estén en los estados de la República más pobres y atrasados del territorio nacional.

No logro desentrañar el misterio de esa batalla entre políticos y maestros, como no sea que les inspira la diabólica idea de terminar con la pobreza de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca asesinando a los pobres o matándolos lentamente de hambre al privarlos de la educación que les permitiría salir adelante. Tienen razón los trabajadores que exigen se respeten sus derechos laborales adquiridos.

Tiene razón el Gobierno Federal cuando desea terminar con el derroche en privilegios y destinar el dinero a la educación. Pero esas razones son relativas, y desaparecen ante la razón fundamental de ser del Estado y del magisterio: la niñez y la juventud, ellos sí tienen el cien por ciento de la razón.

No hay razón mayor para atender que el futuro feliz de esos millones de seres humanos inocentes, cuyo único delito ha sido el nacer pobres; que son pobres porque son ignorantes, y son ignorantes porque no tienen acceso a la educación y a la verdad que ésta preconiza.

No hay libertad ni democracia que valga cuando se tiene hambre.

Muchos padres de familia apoyan al magisterio, y muchos estudiantes también, porque en el fondo desean que sus maestros regresen a las aulas, y que la batalla que se deba librar sea contra la miseria.

En Noxchitlán murieron y resultaron heridos ellos, los que desean una oportunidad para salir adelante. Los asesinaron o hirieron los oficiales de la Policía Federal que deberían usar sus armas para protegerlos.

Los llevaron al matadero y a la humillación los que deberían brindarles las herramientas del conocimiento para que nunca nadie los humille o los mate.

Los dejaron en el medio del fuego el Estado insensible, marrullero y ladrón que los tiene postrados, y sus defensores equívocos y necios.

Frente a los niños, el gobierno no tiene razón en el tema educativo, y tampoco la tienen los integrantes del magisterio; no hablan con verdad ni actúan con altura de miras, ni con patriotismo unos y otros.

Y las víctimas no dejan de incrementar el contador de la infamia: cada día hay más muertos, más heridos, más desplazados, más pobres, más desesperanzados. En este país ser pobre es un crimen imperdonable, y se paga con la vida.

¿No perciben los policías y los maestros que ellos también son pobres y están pagando con su sangre las facturas de los políticos y de sus líderes inmorales?

No puede continuar esa guerra silenciosa y soterrada que sólo asesina a los pobres, o les priva de las más elementales oportunidades de una vida digna y feliz. No debemos soportar, no en un México libre y democrático, el sufrimiento de tantos millones de personas.

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