De acuerdo con el más reciente corte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), hasta el momento van ya tres mil 431 las demandas de amparo interpuestas por 15 mil 608 quejosos en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

De ese total, 430 fueron promovidas por jueces, 578 por magistrados, cuatro mil 364 por secretarios, 991 por actuarios, cuatro mil 901 por oficiales y mil 960 por externos.

Las demandas de externos provienen de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de la Procuraduría General de la República (PGR), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Asimismo, del Instituto Nacional Electoral (INE), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

También del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Además, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, entre otros.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que nadie puede ganar más de 108 mil pesos mensuales, que es el tope que tiene como salario el presidente de la República.

FUENTE: LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL

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