Entre abril y mayo pasados, casi 2,300 niñas y niños migrantes, según cifras de ProPública, la mayoría centroamericanos y también mexicanos, fueron separados de sus padres mientras intentaban llegar a Estados Unidos. Cuatro días después de que se diera a conocer que el gobierno de Donald Trump separaba a los niños migrantes de sus padres, la Cancillería mexicana se pronunció al respecto.

Este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, condenó la política migratoria de separar a los niños de sus familias en la frontera de Estados Unidos, hecho que calificó como una acción  cruel e inhumana.

Las detenciones de menores son parte de la política migratoria de “cero tolerancia” dictada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, las medidas de separación forman parte de las acciones que el gobierno de los Estados Unidos implementa como parte de la política de combate al crimen organizado.

La justificación que ha dado la Casa Blanca sobre la decisión del presidente, es que menores, familias y contrabandistas de personas se han aprovechado del fenómeno de la inmigración ilegal, que alienta a organizaciones criminales a cooptar a menores para instruirlos en actividades delictivas, lo que alimenta a “bandas brutales como la MS-13 (Mara Salvatrucha)”.

Sin embargo, especialistas advierten que se trata de una persecución contra los menores y sus familias por motivos xenófobos, y “violenta los derechos de niñas, niños y adolescentes al colocar en situaciones de crisis y discriminación a quienes ya padecieron la violencia en sus países y tuvieron que renunciar a todo por la búsqueda de mejor educación y seguridad”.

Para los menores, las consecuencias derivan en un trauma que, según los defensores de los derechos de la infancia, puede marcarlos de por vida y generar obstáculos para su desarrollo.

Separación, “inhumana y discriminatoria”

“Aquí tenemos una orquesta”, dice la voz de un hombre en un video (obtenido por ProPublica), respecto al llanto de menores que se escucha dentro de un centro de Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. A lo lejos, la voz de otra persona, presumiblemente un guardia fronterizo, pide a los niños que guarden silencio, mientras una adolescente dice que no quiere separarse de su papá.

Escucha a los niños que acaban de ser separados de sus padres en la frontera

Cifras de la UNICEF señalan que, solo entre 2015 y 2016, un total de 139 mil 386 niños y niñas, en su mayoría de salvadoreños y hondureños, fueron sujetos a medidas de repatriación en la frontera norte de México.

Cada año alrededor de 40 mil menores que migran son repatriados desde los Estados Unidos a México, y de estos 18 mil viajan solos.

Desde el inicio de su administración, el gobierno de Donald Trump ha expresado la consideración de tomar medidas severas para desalentar a las personas con intenciones de migrar ilegalmente a Estados Unidos.

En marzo de 2017, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense señaló a la agencia Reuters que con la separación de familias, el gobierno “explora las opciones que pueden desanimar a los migrantes desde el comienzo del viaje”.

Para Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redlamyc), las acciones del gobierno estadounidense son “inhumanas y discriminatorias”, pues “las familias (migrantes) huyen de sus países por la violencia, amenazas y por miedo a ser secuestrados, maltratados o, incluso, asesinados”, por lo que estas medidas los colocan en mayor riesgo.

De acuerdo con el especialista, las medidas de separación dejan en evidencia la violación al derecho a vivir en familia y a las garantías judiciales, ya que las autoridades dejan a los padres en la incertidumbre de si volverán a reunirse o no con sus hijos, que son enviados a hogares sustitutos, y a los niños les genera una condición de trauma y estrés.

También destacó que las autoridades de Estados Unidos no actúan de acuerdo con lo dictado por el Comité del Derecho del Niño de la ONU, que señala la importancia de evitar la institucionalización de menores, porque afecta la integridad de su desarrollo y los deteriora emocionalmente.

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“Esta expresión violenta de las autoridades norteamericanas rompe la noción de seguridad y de certeza que les da una familia, al romperla y colocarlos en instituciones, están dejando en ellos una huella profunda que puede afectar su proyecto de vida, su integridad, su seguridad. Los niños y niñas no son delincuentes, son víctimas que necesitan protección internacional”, señaló.

Juan Martín Pérez recordó que en los últimos tres meses de 2017, el Departamento de Salud y Servicios Sociales estadounidense (HSS por sus siglas en inglés) perdió el rastro de mil 475 niñas y niños que cruzaron la frontera desde México, y fueron puestos bajo el cuidado de “padrinos”, sin que haya certeza del estado en la que se encuentran.

Sistemas de protección para atender a menores

En entrevista con Animal Político, el secretario ejecutivo de la Redlamyc anunció que ya trabajan en coordinación con las autoridades mexicanas en la construcción de un sistema de protección integral que permita que los niños y niñas no sean atendidos por personal de migración, sino por mecanismos que prioricen su seguridad y cuidado.

“Este mecanismo transnacional de protección a niñez migrante podría ir teniendo cada vez un rol de mayor protagonismo para atender, recibir y canalizar, protegiendo internacionalmente a niños migrantes, y no autoridades migratorias, para que no haya deportación, sino priorización de la infancia sobre temas administrativos”, dijo.

Juan Martín Pérez también adelantó que en las próximas semanas, a través de las 26 redes nacionales que tiene la Redlamyc en 19 países, enviarán cartas a las embajadas de Estados Unidos para que se exija al presidente Trump el cese de esta política que violenta contra niños y niñas migrantes.

“El derecho a vivir en familia y a la reunificación familiar no puede estar por debajo de ningún hecho administrativo, es decir, no tener una visa o un pasaporte, o permiso de residencia. Eso no es motivo para violentar el derecho humano a vivir en familia”, concluyó.

Fuente: Animal Político

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