Las autoridades se resisten, pero las condiciones económicas podrían obligarlos.

Por: Erick Guerrero Rosas

Lo advertí hace seis meses en mi libro “TURBULENCIA: la crisis financiera internacional y su impacto para México” (disponible en www.ericktvazteca.com): no le van a cuadrar las cuentas al Gobierno Federal.

La quiebra técnica de PEMEX combinada con otros factores (como el alza de las tasas de interés que está incrementando los pagos de deuda, por ejemplo), podría obligar a las autoridades a aplicar otra Reforma Fiscal pero ahora por el lado del IVA en alimentos y medicinas, con el fin de elevar la recaudación y cubrir el hueco en las Finanzas Públicas.

Una encuesta realizada en el mes de julio por The Wall Street Journal a los bancos de inversión más importantes del mundo, proyecta que los precios del petróleo (tomando como referencia el West Texas Intermediate ó WTI), cerrarán por debajo de los 50 dólares el barril en 2016, y apenas aumentará a 60 dls. el próximo año.

Con esos niveles, si se cumple la proyección, a PEMEX le será prácticamente imposible cubrir sus gastos y además, aportar importantes cantidades de dinero, vía pago de impuestos, a las arcas del gobierno.

Tomemos en cuenta dos cosas: primero, que a PEMEX obtener un barril de petróleo, incluyendo costos totales de producción (extracción y desarrollo), le cuesta, en promedio, 22 dólares con 23 centavos. Y en lo que va del año (del 01 de enero al 30 de julio), el barril promedió 32 dólares con 98 centavos,  17 dólares por debajo de lo previsto en la Ley de Ingresos. De entrada, un déficit, un faltante en el Presupuesto.

Y segundo, que PEMEX “tiene un capital de 70 mil millones de dólares negativo. Es decir que aún si se vendieran todos los activos de PEMEX, quedarían 70 mil millones sin pagarse…El problema es de corto plazo porque no tiene flujo para pagarle a los contratistas y de largo plazo porque tiene un flujo negativo” (Luis Miguel Labardini, Marcos y Asociados, www.marcos.com.mx).

Todavía a principios de 2016, varios expertos fiscales que conozco, de reconocido prestigio, negaban la posibilidad de que el gobierno promoviera una nueva Reforma Fiscal. “No lo van a hacer”, me decía enfáticamente uno de ellos. Pero está aumentando la preocupación en ese sentido.

Para muestra, un botón: “Temen en ANTAD a nuevos impuestos”, dice un titular de Reforma, del 29 de febrero. “El gobierno debe evitar la tentación de elevar los impuestos ante el desplome de los precios del petróleo, pidió el presidente de la ANTAD” (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales).

Enrique Campos, analista de Televisa, por su parte, tituló una de sus columnas “Vienen propuestas de cambio fiscal…y podrían pasar” (El Economista, junio 13 de 2016) y aseguró que: “podemos dar por hecho que habrá iniciativas de reforma en materia fiscal durante la segunda mitad del año, con miras a que entren en vigor en el 2017″.

En descargo de las autoridades tenemos que decir que ellos no quieren, no contemplan, se resisten a aplicar una nueva Reforma Fiscal. Saben que el horno no está para bollos y que eso sería mortal para sus aspiraciones en las elecciones presidenciales del 2018. Que con eso pavimentarían el camino para promover “el voto con el hígado”, por venganza, con resentimiento, y harían crecer a la oposición.

Pero una cosa son las intenciones, y otra, la realidad. Según mi perspectiva, crecen las presiones para que se vean obligados a hacerlo. Las adversas condiciones económicas los van a poner contra la pared.

“Lean mis labios, no subiré los impuestos”, dijo George Bush padre, frente a las cámaras de televisión, al asumir la candidatura del Partido Republicano a la Presidencia de los EU en 1988, para poco tiempo después, ya en funciones de gobierno, aplicar una dolorosa Reforma Fiscal que le hizo perder las elecciones y pasar a la historia con la vergonzosa marca en la frente de ser uno de los pocos Presidentes que no pudieron reelegirse en ese país.

Algo más o menos parecido podría ocurrir, aquí, en México.

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