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PIRATERÍA, PROBLEMA DE IMPUNIDAD PERMITIDO

ColumnasPIRATERÍA, PROBLEMA DE IMPUNIDAD PERMITIDO

Por: Enrique Guillén Mondragón

En México tenemos que sumar esfuerzos en la inaplazable tarea de enfrentar dos de los flagelos más importantes que vulneran a la industria y a la economía de nuestro país: el contrabando y la piratería.

Ambos son negocios que reportan a la delincuencia cuantiosas ganancias y que lesionan el tejido social, constituyéndose en un cáncer que afecta a millones de personas en nuestro país, por el que nos corresponde luchar unidos y con determinación.

El conocimiento puntual de los aspectos cuantitativos y cualitativos que son inherentes al contrabando y la piratería son básicos para diseñar la estrategia adecuada para combatirlos y erradicarlos.

Por eso, debemos de sensibilizar a la sociedad acerca de la gravedad de esos ilícitos y para concitar un amplio frente social para combatirlos.

Como todos sabemos, la finalidad principal del contrabando en México es evadir el pago de impuestos que se generan por la introducción de mercancías. No obstante, para que este ilícito se consume, hay que decirlo con claridad, se requiere de una cadena de procedimientos deshonestos, que implican corrupción e incluso deslealtad a México.

El principal destino del contrabando es el mercado informal de nuestro país.

Como se puede apreciar, la industria de transformación nacional, resulta seriamente afectada por el contrabando, pues éste se traduce en disminución de ventas, y por tanto de utilidades; en la pérdida de empleos y problemas financieros graves, especialmente en las industrias electrónica y metal-metálica. Lo más grave de esta competencia desleal es cuando llega a ocasionar el cierre de empresas.

Por tal motivo, el contrabando pone en riesgo a la industria y al comercio nacional, ya que estos sectores enfrentan dicha problemática, incurriendo en costos que no tiene el vendedor informal.

Por otra parte, la piratería, es decir “la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente”.

La piratería afecta a obras de distintos tipos, como música, literatura, cine, programas informáticos, videojuegos, y señales audiovisuales. Igual que el contrabando, la mayor parte de los productos apócrifos se distribuyen en la clandestinidad o en la vía pública, por lo que también esta actividad se relaciona con el trabajo informal.

Cabe destacar que la piratería afecta a las finanzas públicas debido a que la Secretaría de Hacienda deja de percibir ingresos por la disminución en las ventas de productos legítimos, lo cual beneficia a las mafias que producen artículos apócrifos.

El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. calculó que la piratería ocasiona una pérdida recaudatoria de poco más de 6 mil millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, dicha instancia calculó que el mercado sombra de la piratería podría costarle al país más de 43 mil millones de pesos. Esta cifra fue mayor en 28% al presupuesto anual del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para el 2015.

Además, los productos provenientes del contrabando y la piratería no cumplen con las buenas prácticas de producción, ni con los mínimos estándares de control de calidad y rompen las cadenas productivas.

De ahí que dichas actividades atentan contra la economía, el tejido social y la salud de los mexicanos.

Por ello, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben enfrentar el problema con determinación y realizar operativos coordinados con la industria y con la frecuencia requerida no sólo para inhibir estos ilícitos, sino para erradicarlos.

Asimismo, deberá crear Políticas Públicas integrales en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, a fin de combatir el contrabando y la piratería.

Además, debe diseñarse un enfoque sistémico para enfrentar de forma adecuada estos ilícitos, así como ampliar las sanciones para permitir el cobro de daños y perjuicios a titulares afectados, simultáneamente a la imposición de multas.

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