Por: José Manuel Urreta Ortega | Presidente del CCE en el Estado de Veracruz y Coordinador de CONCAMIN para la Zona Oriente de México | @ManuelUrreta

Dando cumplimiento al artículo 26 constitucional, a finales del mes de abril el Gobierno de México presentó a la Cámara de Diputados su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 – 2024, en el cual define el objetivo de alcanzar un crecimiento económico para el país del orden de 6% para el año 2024, y un promedio de crecimiento anual de cuatro puntos porcentuales del Producto Interno Bruto durante los seis años de este gobierno.

Por supuesto, México tiene todo el potencial para alcanzar crecimientos económicos sostenidos de cuatro o cinco puntos porcentuales anuales, o hasta más: contamos con los recursos, las capacidades y el andamiaje jurídico para lograrlo.

Sin embargo, y en un contexto donde organismos como la OCDE o el CEESP han reducido sus perspectivas de crecimiento para éste y el próximo año, y hemos registrado un primer trimestre del año complicado, el planteamiento desde ahora resulta ambicioso.

Este plan, donde el gobierno debe establecer metas y planes para lograrlas, tiene el objetivo de “incrementar la productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a lo largo de todo el territorio”, en el capítulo tercero, relativo a Economía, el gobierno señala que se alentará la inversión privada, nacional y extranjera, “y se establecerá un marco de certeza jurídica, honestidad,transparencia y reglas claras”.

En el mismo texto, el Eje de Desarrollo Económico establece la meta de incrementar la productividad total de los factores, a través de grandes objetivos con algunas estrategias específicas, cuyo cumplimiento será medido por diversos indicadores como el porcentaje de personas incluídas en el sistema financiero al final del sexenio, la reducción de tasas de informalidad laboral, lograr mejores resultados en los rankings de innovación de la OMPI, incrementar el contenido nacional de las exportaciones manufactureras, que exista mayor formación bruta de capital fijo y un mayor número de empleados registrados ante el IMSS, entre otros.

Como ya he mencionado en estas páginas anteriormente, y en coincidencia con varios analistas y especialistas económicos México tiene hoy más que nunca la exigencia de promover e impulsar mayores y mejores inversiones privadas, atraerlas y retenerlas ya que el gasto público es cada vez más limitado.

Para lograr detonar estas inversiones a lo largo y ancho del territorio mexicano es necesario establecer un ambiente de confianza y certidumbre, eso esperan los inversionistas extranjeros y el sector empresarial organizado del país, pero también todos y cada uno de los empresarios, desde el propietario de una tienda, tortillería o pequeño negocio hasta los nuevos emprendedores: certidumbre a través de decisiones y políticas oportunas, donde el gobierno considere las opiniones, propuestas y necesidades de quienes generan empleos y capital para los mexicanos.

Lograr este ambiente sano a las inversiones exige además logar avances sustanciales en otros rubros que son determinantes como bases para el desarrollo, y en los cuales deberá haber avances específicos en próximos meses tales como el de la inseguridad y los altos niveles de violencia que han persistido durante últimos meses, la situación financiera de Pemex y que a las reformas constitucionales emprendidas los últimos meses, como en el caso de la laboral les correspondan políticas públicas y programas sectoriales y regionales que respondan de manera eficaz a las demandas de la población, pero también de los mercados internacionales, al ser nuestro país una de las naciones más abiertas comercialmente y en un ambiente global donde cada decisión debe ser considerar tanto el fortalecimiento del mercado interno como nuestras capacidades competitivas como nación.

Diversas voces han calculado en más de 30 mil millones de dólares las nuevas inversiones necesarias para lograr las tasas de crecimiento que ha fijado el gobierno y que todo el país necesita. Estas inversiones, entre otros temas, deberán ser destinadas a actividades con efectos multiplicadores tales como el desarrollo de infraestructura, las distintas modalidades de generación de energía, los diversos sectores agroindustriales, manufacturas de alto valor agregado y efectivamente eslabonadas a su cadena productiva.

El Plan Nacional de Desarrollo será devuelto por el Legislativo a más tardar el 30 de junio, para dar paso a la integración de programas sectoriales y regionales específicos, donde tenemos la confianza de lograr políticas efectivas en aquellas áreas estratégicas para la productividad y competitividad de nuestra economía.

Los organismos de representación empresarial del país, mientras tanto, continuaremos haciendo nuestras labores, que son generar empleos y propiciar ese crecimiento económico dinámico, pero también expresar de manera clara y firme los planteamientos, necesidades y oportunidades de nuestros sectores, insistiendo en todo momento en la necesidad de instrumentar al lado del sector público las condiciones para lograrlo.

 

 

 

 

 

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