El gobierno de Tabasco busca establecer como un delito penal la prestación indebida del servicio del transporte público y penalizar su ejercicio hasta con seis años de prisión.

La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado argumenta que es obligación del gobierno garantizar el servicio del transporte público en todas sus modalidades a precios asequibles y con condiciones de seguridad.

“Es importante procurar la plena seguridad de los usuarios de transporte público, porque se expone de manera potencial la seguridad de un alto porcentaje de la población, debido a que se ha detectado que en la entidad circula un considerable número de unidades sin licencia, concesión o permiso con el que se acredite la prestación del servicio de transporte público”, señala la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso local.

La propuesta establece una pena de dos a seis años para quienes brinden el servicio ilegal del transporte público, debido a que constituye un riesgo a la seguridad de los usuarios, especialmente mujeres y grupos vulnerables. Además, según se indica, representa una competencia ilegal a quienes de manera legítima son titulares de concesiones o permisos para prestar el servicio en sus modalidades.

“Con base en la falta de regulación en la materia y en la necesidad de actualizar el marco jurídico citado, se considera pertinente la creación de este nuevo tipo penal en aras de otorgar seguridad a los usuarios, concesionarios y permisionarios”, señala la iniciativa.

De acuerdo con José Antonio de la Vega Asmitia, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, en esta reforma está incluido todo servicio de transporte, como taxis, servicios ejecutivos y Uber, que no tienen un permiso autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Se incluye a todo aquel circulando o prestando el servicio de transporte público sin tener una concesión autorizada por el estado, como lo marca la ley del transporte. Esto incluye a Uber, que no tienen concesión”, indicó.

Agregó: “La sanción penal pudiera ayudar un poco a disminuir también estos ilícitos que afectan no sólo a los prestadores del servicio de transporte público, sino al ciudadano, porque al existir unidades irregulares no se tiene control y se cometen muchos delitos”.

Fuente: Agencias

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