Un tribunal federal determinó que es imposible jurídicamente cumplir la sentencia que ordena la creación de la Comisión de la Verdad para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014.

“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordenó la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) y las facultades concedidas, en la investigación de delitos a dicha comisión”, indicó el tribunal según publicó Milenio.

Cabe recordar que un tribunal con sede en Tamaulipas ordenó la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, misma sentencia que fue impugnada por diversas dependencias federales, incluida la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la solicitud de ejercicio de facultad de atracción que se realizó para conocer los recursos de revisión extraordinaria presentados por diversas dependencias del Gobierno Federal contra la conformación de dicha Comisión.

Pese a ello, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito advirtió que ningún tribunal, incluida la Suprema Corte, tiene facultades para modificar, y menos para revocar, la sentencia definitiva que ordena la creación de la Comisión de la Verdad.

Por su parte Luis María Aguilar, ministro presidente de la SCJN, afirmó que la conformación de la Comisión no puede detenerse y debe seguir su curso, porque el alto tribunal “carece de competencia” para conocer los recursos que presentó la PGR, dependencia que argumentó que se encuentra imposibilitada jurídicamente para cumplir con el mandato ordenado por un tribunal colegiado.

Según publica el diario, la única vía, por la cual la SCJN puede atraer el caso, es a través de un incidente de inejecución de sentencia, en que puede incurrir la PGR y el presidente Enrique Peña Nieto, si no cumplen con los amparos que fueron otorgados a presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, acusados del secuestro, homicidio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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