El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva antimusulmana que congela temporalmente la inmigración de personas procedentes de seis países, modificando la orden previa hasta que fue suspendida por tribunales, que provocó caos en aeropuertos y grandes acciones de protesta.

La nueva orden frena el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana por 90 días: Sudán, Siria, Irán, Libia y Yemen. La nueva versión no incluye a Irak, que estaba en la orden original. También permite que a personas de esas naciones que ya cuentan con una visa les sea permitido ingresar al país.

La orden suspende temporalmente –por lo menos 120 días– el programa de refugiados y no de manera indefinida como en la primera versión. Estas medidas serán implementadas en fases en el transcurso de las próximas dos semanas.

A diferencia del espectáculo ante cámaras y declaraciones de la presentación y firma de la orden ejecutiva original, a finales de enero, Trump firmó este lunes en privado la orden modificada; la Casa Blanca sólo difundió una foto oficial del acto. No emitió declaraciones; eso se lo dejó a tres integrantes del gabinete. El secretario de Estado Rex Tillerson, el secretario de Seguridad Interior John Kelly y el procurador general Jeff Sessions anunciaron la orden ante un grupo reducido de periodistas.

Las medidas fortalecerán la seguridad de Estados Unidos, declaró Tillerson, quien subrayó que son vitales, y aseguró que esto dará tiempo para que el gobierno mejore sus procesos de verificación de los ciudadanos de esos países que ingresan a territorio estadunidense.

Las modificaciones buscan evitar el desorden administrativo que se generó al aplicarse la primera orden, como enmendar algunas secciones que fueron señaladas por los tribunales cuando congelaron la primera orden, y también –al permitir el tránsito de personas con visas activas– no provocar escenas de furia y sufrimiento en aeropuertos ni detonar acciones de protesta.

Sin embargo, de inmediato organizaciones de defensa de libertades y derechos civiles, varios políticos y procuradores generales estatales criticaron la nueva orden por sus elementos discriminatorios, así como sus efectos contra refugiados y posible violación de la Constitución.

La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), que encabezó el reto legal a la primera orden ejecutiva, anunció este lunes que procederá de inmediato ante tribunales para evitar que la nueva orden entre en vigor, pues aseguró que a pesar de las modificaciones no resuelve el problema fundamental de la primera: es discriminatoria sobre la base de religión.

Margaret Huang, directora general de Amnistía Internacional Estados Unidos, afirmó que la nueva orden provocará temor e incertidumbre extrema para miles de familias al poner el odio antimusulmán, otra vez, en la política.

Charles Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, consideró que la nueva medida es una versión aguada de la primera, y manifestó que sigue siendo antiestadunidense.

Los procuradores generales de Washington, Massachusetts y Virginia, entre otros que se sumaron a las demandas legales que lograron obstaculizar la orden ejecutiva original, expresaron también críticas a la nueva versión por contener las mismas bases discriminatorias y potencialmente inconstitucionales.

La medida antimusulmana fue una de las promesas claves –junto con las medidas antimigrantes que incluyen el muro– de la campaña de Trump. Cuando ésta fue obstaculizada por tribunales federales, provocó algunos de los exabruptos más espectaculares del nuevo presidente, quien arremetió contra los jueces, cuestionó sus capacidades mentales y acusó que estaban poniendo en riesgo al país.

Tan sólo el martes pasado Trump insistió en la urgencia de estas medidas antiterroristas, y reiteró lo que afirmaba en sus actos de campaña: la vasta mayoría de individuos condenados por delitos de terrorismo y relacionados con terrorismo desde el 11-S llegaron aquí desde fuera de nuestro país.

Sin embargo, según una investigación de la escuela de leyes de la Universidad Fordham, en Nueva York, 78 por ciento de los procesos penales por actos de terrorismo vinculados al Estado Islámico en Estados Unidos eran contra ciudadanos estadunidenses; 53 por ciento de los relacionados con Al Qaeda fueron por personas nacidas en este país, reportó CBS News.

Otras amenazas

La Casa Blanca continuó defendiendo la explosiva acusación de Trump contra su predecesor Barack Obama de que ordenó la intervención de sus comunicaciones en la Torre Trump en octubre del año pasado. A pesar de que el director actual de la FBI James Comey, el ex director de inteligencia nacional James Clapper y voceros de Obama han rechazado rotundamente la acusación, presentada a través de tuits presidenciales el sábado pasado, y que legisladores de ambos partidos han expresado dudas sobre la veracidad de estas afirmaciones, este lunes voceros de Trump insistieron en que el Congreso tiene que investigar el caso.

Por otro lado, en el Capitolio se abrió la guerra para anular y sustituir la reforma de salud promulgada por Obama. Representantes republicanos presentaron esta noche el borrador de un proyecto de ley con ese propósito, algo que Trump y los republicanos han deseado y prometido. Sin embargo, esta será una lucha sumamente conflictiva, en la cual no hay consenso sobre la alternativa entre los propios republicanos.

Disuasión

En tanto, John Kelly, secretario de Seguridad Interior, confirmó este lunes que está considerando separar a niños de sus padres si son capturados cruzando sin documentos la frontera. Sí, estoy considerando, con el fin de disuadir más movimientos por esta red terriblemente peligrosa, estoy considerando precisamente eso, afirmó en entrevista con CNN. Serán bien cuidados mientras tratamos con sus padres, agregó, en alusión a los menores.

Según la política actual, madres con hijos menores que cruzan la frontera son mantenidos juntos cuando son capturados en centros familiares de detención. Pero la semana pasada se informó que el Departamento de Seguridad Interior estaba contemplando separar a los hijos de sus madres, algo que provocó condenas de defensores de inmigrantes y de niños, que lo consideraron un acto cruel, ya que traumatizará aún más a los menores después de estos viajes peligrosos.

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