En un contexto donde la impunidad y la lentitud procesal han socavado la confianza en el sistema de justicia de Quintana Roo, la reciente iniciativa de reestructuración de la Fiscalía General de Justicia, aprobada por el Congreso, es recibida con cautela y esperanza. El diputado Hugo Alday, al frente de la Comisión de Justicia, defiende este proyecto no como un mero cambio de estructura, sino como una reingeniería necesaria del enfoque y la estrategia en la persecución e investigación de delitos.
La propuesta enviada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa sugiere un cambio paradigmático: la instauración de cuatro nuevas Fiscalías Especializadas, cada una dedicada a combatir problemáticas específicas y críticas – la trata de personas, el lavado de dinero, los delitos ambientales y las irregularidades en el desarrollo urbano.
Esta especialización no es un lujo sino una urgencia, y con ella se busca asignar expertos y especialistas que se sumerjan en la complejidad de estos delitos para perseguirlos con efectividad y precisión. Las fiscalías especializadas, según Alday, tendrán competencias amplias para actuar en todo el Estado, empoderando al Ministerio Público con facultades reforzadas para actuar en todas las etapas del procedimiento penal.
En particular, la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Menores destaca por su intención de proteger los derechos de los niños y adolescentes, alineándose con tratados internacionales. La urgencia de esta medida resuena en un estado donde la trata de personas sigue siendo una mancha persistente en el tejido social.
La iniciativa también contempla una alineación con los esfuerzos federales, especialmente con la creación de la Fiscalía Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, buscando un enfoque integrado y contundente contra el lavado de dinero.
La salud ambiental y la integridad del desarrollo urbano no se quedan atrás, con una fiscalía dedicada que, en teoría, se ocupará de perseguir los delitos que amenazan la biodiversidad y la planificación urbana sostenible.
Adicionalmente, el proyecto propone la creación de un Consejo del Ministerio Público que funcione como un órgano de decisión administrativa para mejorar la prevención y combate al delito.
Con una acumulación de más de 300,000 carpetas de investigación sin resolver, esta iniciativa es crítica. Sin embargo, la pregunta que surge entre los ciudadanos y que el legislador debe abordar es clara: ¿Serán estas medidas suficientes para superar los retos sistémicos de la justicia en Quintana Roo?
Fuente: Agencia de noticias
