El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su inquietud y desacuerdo ante la reciente resolución judicial que concede el beneficio de arresto domiciliario a Jesús Murillo Karam, exprocurador general, vinculado al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Durante su acostumbrada rueda de prensa matutina, López Obrador expresó su descontento y sorpresa ante lo que calificó como un «clásico sabadazo», aludiendo a la manera apresurada y atípica en que se citó y llevó a cabo la audiencia que determinó el cambio en la medida cautelar de Murillo Karam. El presidente enfatizó la irregularidad de que dicha audiencia se realizara con tan solo dos horas y media de anticipación, cuando el plazo habitual es de 48 horas, además de llevarse a cabo en un día en que normalmente los juzgados no ofrecen servicio.
La crítica presidencial no se detuvo allí. López Obrador acusó al juez José Rivas González, quien temporalmente ocupó el lugar del juez titular del caso, Edmundo Manuel Perusia, de actuar con parcialidad y de pronunciar comentarios desfavorables sobre el ejecutivo nacional durante la audiencia. A este respecto, el presidente señaló que ha solicitado formalmente la grabación de la sesión para exponerla públicamente y contribuir a lo que él llama «la purificación de la vida pública».
Este suceso no solo ha generado ruido en los ámbitos político y judicial, sino que también ha reavivado el debate sobre la autonomía y las dinámicas de poder entre los diferentes poderes del Estado mexicano.
El exprocurador Murillo Karam enfrenta acusaciones por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en el contexto del caso Ayotzinapa. Aunque el juez ajustó su medida cautelar, citando preocupaciones por la salud y la edad avanzada del exfuncionario, Murillo Karam aún no podrá disfrutar de su recién otorgada prisión domiciliaria debido a otro proceso penal activo, que lo mantiene bajo custodia en la Torre Médica de Tepepan.
