Por: Enrique Solana Sentíes
Presidente de la CONCANACO SERVYTUR
Cada día se vuelve más y manifestaciones en plazas y calles, como una forma de rechazo a algo o bien para que las demandas sean escuchadas y respondidas, aunque esto no siempre implica que lo sean de manera satisfactoria.
Respetamos, por supuesto, que cada persona pueda ejercer la libertad que la ley nos confiere para manifestarnos, siempre que la demanda sea legítima y en estricto apego al Estado de Derecho; de lo contrario, se corre el riesgo de sobrepasar límites y quebrantar las garantías individuales de terceros.
De ahí que los empresarios del comercio, los servicios y el turismo estamos realmente preocupados porque este tipo de acciones se han venido intensificando en las últimas semanas y, lo peor, en algunos casos ha permeado la violencia.
Lo primero que queremos subrayar no es el rechazo a ejercer este derecho a la libre manifestación, sino el repudio a cualquier forma de violencia que atente contra la integridad y patrimonio de las personas, así como de aquellas que pongan en riesgo los bienes de la nación.
De manera directa o indirecta usted, yo y otros tantos ciudadanos, sobre todo en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México, hemos sido alterados por estas acciones en nuestras actividades cotidianas en la escuela y en el trabajo.
Incluso se ha obstaculizado el paso, aunque en pocos casos de manera premeditada, a quienes dedican su tiempo a prestar servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos y rescatistas, que se ven impedidos a salvaguardar la vida de las personas.
Aunado a esto, se han provocado pérdidas millonarias por impedir la circulación al transporte de carga y generar con ello desabasto, el robo a transportistas, ciudadanos y turistas, el secuestro e incendio de unidades de transporte particular y empresarial, y la invasión a predios y reservas ecológicas.
Han propiciado el retraso y cancelación de vuelos, y reservaciones en hospedaje, con los respectivos costos que esto implica para las aerolíneas, los hoteles y los usuarios, así como ataques vandálicos a comercios, la destrucción de instalaciones y bienes públicos que conllevan a erogar más recursos públicos para su rehabilitación.
Si bien es cierto que es difícil, por ahora, cuantificar los daños, tenemos que hacer conciencia de que esto podría impactar en algún momento en la economía de los estados propiciando mayor retraso y pobreza.
Apelamos a la razón y a la cordura de todas las partes para que se alcancen los acuerdos necesarios y se anteponga el bien común para hacer de nuestro México una gran nación.
Es impostergable e imprescindible que los tres niveles de gobierno restablezcan el orden en un marco de respeto al Estado de Derecho y trabajemos para reactivar el comercio, los servicios y el turismo en las zonas afectadas.