Por Gustavo Arballo
México requiere que todos hagamos un esfuerzo diferente por cambiar nuestra realidad. Necesita que seamos creativos en la forma de hacer las cosas. Por eso, desde nuestro sector de la construcción creemos que debemos ir más allá.
La coyuntura geopolítica mundial, con sus consecuencias en las economías de todas las naciones y la afectación en los países emergentes como el nuestro, es y será una constante con la que debemos enfrentarnos de ahora en adelante.
Ante este escenario por ello debemos ser capaces de ver más allá de tiempos políticos, de administraciones públicas de 3 o 6 años.
Por todo esto, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción decidimos lanzar una amplia convocatoria para la realización de Foros de Consulta que nos permitan construir con toda la sociedad un Programa Nacional de Infraestructura Sostenible 2030.
Durante 2017 realizaremos, en diversas entidades del país, los Foros en donde convocaremos a todos los actores de la sociedad: organismos empresariales, academia, gobierno, legisladores, especialistas, organizaciones sociales, etc. Para que juntos analicemos lo que cada región, entidad e incluso municipio pueden requerir en materia de infraestructura.
Para nosotros es trascendental que tengamos un enfoque a elevar el nivel de desarrollo de infraestructura estratégica pues ello conlleva tasas de crecimiento económico y bienestar social.
Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de los estados del Bajío y de la Frontera Norte tuvo un crecimiento acumulado de 47 por ciento, entre 1980 y 2013, en contraste con un incremento acumulado de 7 por ciento de los estados del sur de México.
Esta marcada diferencia se explica, entre otros factores, por el alto nivel de desarrollo que registra la infraestructura en el Centro y en el Norte, frente al grave rezago de la misma en el sur.
De igual manera, los llamados tigres asiático (Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán) invirtieron altos porcentajes de su PIB en infraestructura física, lo que junto con otros factores, les permitió lograr tasas de crecimiento promedio anual superiores al 7 por ciento, durante varias décadas.
Si en el pasado el papel de la infraestructura para la generación de capacidades logísticas y de conectividad ha probado ser un elemento clave en el desarrollo de regiones y países, lo es más en la actualidad. En el ámbito de una economía globalizada marcada por la generación y aprovechamiento del conocimiento y la tecnología, además regida por una feroz competencia por el comercio y la atracción de capitales, la inversión en infraestructura física e institucional resulta fundamental para el éxito de cualquier estrategia de desarrollo integral.
No obstante esta realidad, en México los niveles de inversión en infraestructura son sensiblemente menores a los que, en promedio, registran los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Además de mayor inversión en infraestructura física, México enfrenta el reto de mejorar la eficiencia y rentabilidad económica y social de la inversión pública en infraestructura, así como los procesos de asignación de contratos, la gestión y calidad de la construcción de las obras, y la operación y mantenimiento de las mismas.
En este contexto, resulta fundamental realizar un diagnóstico integral de la infraestructura física en nuestro país, identificando rezagos, necesidades, retos y oportunidades, con un enfoque comparado. A partir de dicho diagnóstico es posible integrar un Programa Nacional de Infraestructura Sostenible de gran visión hacia el año 2030.
Este programa debe incluir una estrategia nacional que permita lograr una mayor eficiencia del gasto público infraestructura; eliminar obstáculos a la productividad y la competitividad; potenciar la capacidad logística y de transporte que integre a las regiones a la economía global; impulsar contenidos nacionales en las cadenas globales de valor; y mejorar los procesos de contratación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.
De igual manera, es necesario que nuestro país cuente con una política de Estado para impulsar los proyectos de inversión en infraestructura física que, además de priorizar aquellos proyectos que presenten la mayor rentabilidad socioeconómica, considere el impacto en la competitividad y se enfoque en regiones y sectores estratégicos.