Por: Gustavo Arballo Luján.
Recientemente tuve el gusto de encabezar la Reunión Nacional de Infraestructura Hidráulica 2016 que organizamos con la Comisión Nacional del Agua, y en esta ocasión, la realizamos en el hermoso estado de Nayarit. Ahí revisamos uno de los grandes retos que tiene México y es la adecuada distribución del vital líquido para toda la población y para todos los usos. No son palabras menores. Es un enorme reto.
Hace unos años, se decía que en el futuro las guerras no serían por petróleo, sino por el agua. Hoy, “el futuro ya nos alcanzó”.
Hay una historia que en días pasados la prensa internacional dio cuenta sobre unos enfrentamientos violentos en la Ciudad de Bangalore, en la India, en el que una resolución de la Suprema Corte de aquél país, obligó a un estado a liberar agua de un rio a favor de otro estado vecino, desató una revuelta social que dejó como saldo decenas de heridos, destrozos e incendios.
En México, afortunadamente no hemos llegado a esos extremos, pero los retos del agua son sumamente complejos:
Hoy, la disponibilidad de agua ha disminuido de más de 18 mil metros cúbicos por habitante al año a menos de cuatro mil metros cúbicos.
35 millones de mexicanos se encuentran en situación de poca disponibilidad de agua, en términos de cantidad y calidad.
Las mermas por pérdida de agua en las redes de distribución, se ubican entre el 30 y 50 por ciento, un nivel inaceptable desde cualquier punto de vista.
Hoy, el 54 por ciento del agua potable que se consume en la ciudad de México, tiene que ser extraída de otras entidades federativas, y algo similar ocurre en la Zona Metropolitana de Monterrey.
Adicionalmente, el cambio climático nos ha llevado a situaciones extremas que, sin duda, hacen aún más difíciles los problemas del agua en México.
Frente a éstos y otros retos, en los últimos años la política hídrica ha venido ganando terreno en la agenda de prioridades de las políticas públicas. Así lo confirma el monto de inversiones para obras hidráulicas del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, estimado en 417 mil millones de pesos.
Sin embargo, en un contexto internacional marcado por la baja en los precios del petróleo, desaceleración económica e incertidumbre financiera, la necesidad de privilegiar la estabilidad macroeconómica y de reducir el déficit público, ha obligado a las autoridades a proponer una ajuste de 31 por ciento en la inversión en infraestructura hidráulica, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.
En la CMIC, esta realidad nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa. Los empresarios de la construcción consideramos que, frente a los desafíos, no hay lugar para la parálisis, ni para el lamento.
Lo que el país exige es una actitud responsable, creativa y propositiva para convertir los retos en oportunidades y las oportunidades en obras y proyectos concretos.
De ahí la importancia de aprovechar los mecanismos alternos de financiamiento de la infraestructura hidráulica, con que hoy contamos, como son los esquemas de asociación público-privada, las Fibras y los proyectos que impulsa el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).
En esto, la oportunidad es muy amplia. Del total de recursos invertidos en proyectos apoyados por el FONADIN de BANOBRAS, tan sólo un 5.2 por ciento se han destinado a infraestructura hidráulica.
Ello nos obliga a trabajar para ampliar las capacidades institucionales de estados y municipios, y fortalecer la política hídrica de la mano con las dependencias federales promotoras de la infraestructura hidráulica. Bien sabemos que, en ocasiones, lo que falta no es dinero, sino buenos proyectos, un buen marco regulatorio y capacidad de ejecución.
En este contexto, durante nuestra Reunión Nacional de Infraestructura Hidráulica nos dimos a la tarea de analizar toda esta problemática y ver cómo podemos sumar para bien de México.
Nuestro objetivo es hallar juntos, sociedad y gobierno, soluciones para los temas de inversión y financiamiento, y de gobernabilidad, que se han constituido en inhibidores y frenos.
También tenemos el propósito de fomentar la participación de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas en proyectos de licitación de Conagua.
Las políticas públicas en materia de agua pueden hacer la diferencia entre impulsar o frenar el desarrollo económico sustentable. Son, además, un factor fundamental de justicia social.