Enrique Guillén Mondragón
La convivencia democrática que exigimos sea la normal en nuestra sociedad, se sustenta en el apego al Estado de Derecho. Somos un país de leyes y nuestra adhesión, como empresarios y como ciudadanos, a los valores de la legalidad legitima nuestras actividades públicas, orientadas en el caso de nosotros, los industriales de transformación, a la generación de prosperidad para el bienestar colectivo.
Es nuestro deber como mexicanos, y como sector productivo responsable y comprometido con el desarrollo de México, erradicar de la vida pública las expresiones de cerrazón e intolerancia.
Sólo la fuerza de la razón y el Derecho podrá imponerse con firmeza en este momento en que la nación requiere la sensatez como conducta indispensable.
Por eso, en días pasados representantes de diversos organismos empresariales tuvimos un diálogo directo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para expresarle nuestra profunda preocupación por el daño económico que ha significado para nuestros agremiados y diferentes sectores de la sociedad mexicana los bloqueos a importantes vías de comunicación, que ha llevado a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Tenemos la sólida esperanza de que ese dialogo fructifique y dé como resultado la libertad de tránsito en las vías de comunicación, indispensables para las actividades productivas y, desde luego, que ayude a recuperar el clima de estabilidad social que necesitamos todos para seguir trabajando en favor de nuestro país.
Si bien, dichos bloqueos se han registrado en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, sus afectaciones se han extendido a otras entidades federativas, porque hablamos del traslado de insumos y mercancías de una entidad a otra.
Diversos organismos de la iniciativa privada han dado cifras aproximadas acerca de las afectaciones que han causado en cada uno de sus sectores estas acciones, pero lo cierto es que resulta muy difícil cuantificar la totalidad de pérdidas económicas, que ascienden, desde luego, a miles de millones de pesos.
Más que en una cifra específica, debemos pensar en las personas que han perdido sus trabajos a causa de este tipo de acciones que no solamente se han limitado a los bloqueos a vías de comunicación, que son ya un delito grave, toda vez que ha habido también saqueos a comercios y ataques a edificios públicos y privados.
Hay que pensar en las familias de escasos recursos que han quedado sin abasto de productos básicos en comunidades apartadas. Hay que pensar, desde luego, en los pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus negocios, porque las pérdidas les han significado no completar la renta de sus locales o el pago de la nómina de sus empleados. Eso nos da una idea más clara del daño social que los actos ilegales de la CNTE han ocasionado.
Lo que los empresarios hemos pedido en todo momento es la aplicación estricta del Estado de Derecho. La ley debe aplicarse de igual manera para todos. Ese es un fundamento irrenunciable de la vida democrática. Y el Estado tiene las facultades que la ley le otorga para garantizar que las leyes se cumplan. No debe admitirse de ninguna manera que la legalidad y la paz social se quebranten sin que haya consecuencias. La impunidad es uno de los males sociales que debemos erradicar.
En CANACINTRA trabajamos diariamente porque el apoyo a la actividad productiva sea permanente, una política de Estado duradera que permita la creación de empleos y el fortalecimiento económico del país. Es adecuado que se apoye a quienes han tenido pérdidas económicas, pero la medida no debe quedarse en un paliativo que ignore las causas reales de la crisis que atravesamos.
El tema de fondo es que debemos vivir en un país donde se respeten las leyes y donde haya la paz social necesaria, para que los empresarios y todos los sectores de la sociedad trabajemos en bien de nuestras familias y de México.
