Es una ley de “buena fe y que busca combatir realmente la corrupción”, aseguran legisladores.
La bancada priista en la Cámara de Diputados señaló que, ante las confusiones generadas por la aprobación del Artículo 32 inciso C) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, analizá la pertinencia de presentar una iniciativa para precisar los alcances y los sujetos que no son objeto de esta legislación.
Los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, los becarios del Conacyt y los trabajadores que laboran en restaurantes no son objeto de esta legislación, “sin embargo, hay algunos diputados y empresarios que buscan generar confusión y obtener beneficios políticos-electorales”, consideró el legislador Jorge Carlos Ramírez Marín.
En conferencia de prensa, el vicecoordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Dávila Flores, aseguraron que es una ley de “buena fe y que busca combatir realmente la corrupción”.
Indicaron que de ser necesario revisarían con magistrados la interpretación de esa ley. “Si el gobierno federal considera que hay confusión podríamos presentar una iniciativa para aclarar esta situación”.
Mencionaron que algunas expresiones han tratado de interpretar la ley, algunas de buena fe y otras de manera equivocada, pues señalan como sujetos obligados de la misma a quienes evidentemente no está dirigida esa ley.
Por lo tanto, puntualizó, el Artículo 32 de la ley de Responsabilidades en su inciso C no puede desvincularse del anterior, por lo que se dirige exclusivamente a quienes tienen participación directa en los procedimientos de licitación o asignación de recursos a nombre de las personas morales señaladas en el inciso B.
No es revancha
Por su parte, el diputado federal del PRI, Marco Antonio Garcia Ayala rechazó que la inclusión de entes privados en la Ley 3de3 sea una revancha contra empresarios por haber cuestionado al Legislativo por la demora en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y las siete leyes secundarias.
Explicó que el sector privado es como los sindicatos de servidores públicos que reciben recursos del erario y que tienen qué acatar la ley y rendir cuentas.
“Somos personas morales, lo mismo que los empresarios y si reciben de algún modo dinero público, tienen que ser sujetos obligados también. Hay un error de percepción, la ley debe ser pareja para todos, fue el consenso de senadores y diputados”, remarcó.
Fuente: aristeguinoticias.com