Un informe revela la magnitud del tráfico de fauna silvestre en Colombia entre 2021 y 2024.
El tráfico de fauna silvestre afectó a por lo menos 164 mil 929 animales en Colombia entre 2021 y 2024, de acuerdo con un informe presentado por la Defensoría del Pueblo el 28 de agosto de 2026. El estudio destaca vacíos en el seguimiento de estos casos e insta a la implementación de leyes de protección.
El informe se elaboró a partir de datos suministrados por 34 corporaciones autónomas regionales y revela que, en ese periodo, fallecieron 36 mil 580 animales. Además, en 41 mil 723 casos no hubo información sobre el destino final de los ejemplares.
Los reptiles fueron los más afectados, con 121 mil 70 casos, seguidos por las aves, con 18 mil 94, y los mamíferos, con 10 mil 926.
Entre las especies más expuestas al tráfico se encuentran la iguana verde (Iguana iguana), con 76 mil 375 individuos; la tortuga de orejas naranjas (Trachemys callirostris), con 10 mil 918; la tortuga pintada (Trachemys scripta), con 10 mil 177; la tortuga de patas rojas (Chelonoidis carbonaria), con 4 mil 897, y el caimán de anteojos (Caiman crocodilus), con 4 mil 439.
Los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba, todos en la región del Caribe colombiano, concentraron los mayores reportes de tráfico, según las autoridades ambientales que colaboraron en el estudio.
La investigación también analizó el destino de los animales una vez ingresaron al sistema de atención institucional. De los ejemplares registrados, 39 mil 697 fueron liberados, mientras que otros 40 mil 162 permanecieron bajo manejo en Centros de Atención y Valoración (CAV) o Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR).
Iris Marín, defensora del Pueblo, subrayó la necesidad de entender la protección de la naturaleza como parte de la defensa de los derechos humanos. «La naturaleza no puede ser entendida únicamente como un recurso de las personas. Tiene un valor propio y merece ser protegida por lo que es, por las relaciones que sostiene y por las formas de vida que alberga», afirmó Marín.
La Defensoría del Pueblo indicó que los casos analizados no representan la totalidad del tráfico de fauna silvestre en Colombia, ya que las diferencias en los sistemas y criterios utilizados por las autoridades ambientales dificultan establecer la verdadera dimensión de este problema.
La información recopilada incluyó registros de incautaciones, decomisos, aprehensiones y entregas voluntarias, lo que permitió identificar patrones territoriales, especies afectadas, causas del tráfico, estrategias de prevención y capacidades institucionales.
Ante esta situación, la Defensoría recordó que la Ley 2153 de 2021 ordena la creación de un sistema de información para controlar, prevenir y evitar el tráfico de fauna silvestre. Según la entidad, la implementación de este mecanismo permitirá contar con registros oficiales, estandarizados y actualizados, mejorando la coordinación entre las entidades y fortaleciendo la toma de decisiones.
«Queremos hacer una apuesta por una institucionalidad que no solamente reaccione frente al daño, sino que sea capaz de prevenirlo, comprenderlo y actuar oportunamente para evitar que continúe ocurriendo», concluyó Marín.
